El Gobierno oficializó una nuevo aumento de pensiones que regirá a partir de octubre de 2024. A través de la Resolución 798/2024 de la ANSES, publicada en el Diario Oficial, la jubilación mínima se fijó en $244,320.56.
Este ajuste en las pensiones forma parte de las medidas implementadas por el Gobierno tras el veto a la ley del Congreso que había propuesto un mayor aumento. El veto, que fue ratificado por la Cámara de Diputados, desató un fuerte debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y las herramientas para proteger a los jubilados contra la inflación.
El patrimonio máximo para los jubilados se estableció en $1.644.046,07, mientras que las bases no imponibles para el cálculo de los aportes oscilarán entre los $1.644.046,0782.287,12 y $2.674.292,72. Además, el importe del Pensión Universal para las Personas Mayores (PUAM), que aumentará a $195.456,45.
A este incremento se suma el bono de $70.000 para jubilados y pensionados que reciban el salario mínimo.
Los jubilados marcharon contra el veto de la Ley
Si bien este aumento responde a la metodología de movilidad jubilatoria implementada por el Gobierno, la cifra está por debajo de lo que hubiera sido si se aplicara la ley sancionada por el Congreso. Con la fórmula legislativa, el aumento en septiembre hubiera sido del 8,1%, elevando la jubilación mínima a $253.303. Con el bono incluido, el patrimonio habría alcanzado los $323.303.
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El veto presidencial se formalizó mediante el decreto 782/2024, que expuso los argumentos del Gobierno para rechazar la fórmula propuesta por el Congreso. El Ejecutivo alegó que la medida era “manifiestamente violatoria del marco legal vigente” porque No contempló el impacto fiscal ni especificó las fuentes de financiamiento necesario para hacer frente a los aumentos.
Entre los principales motivos del veto, el Gobierno indicó que la ley habría generado un costo fiscal insostenible, estimado en $6.160.000.000.000 (seis billones ciento sesenta mil millones de pesos) para el año 2024equivalente al 1,02% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2025, el coste habrá aumentado hasta el 1,64% del PIB.
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