Argentina recibió una buena noticia este lunes, ya que el juez Loretta Preskadel Distrito Sur de Nueva York falló a favor de Argentina en la emisión del cupón PBI 2013.
Nuestro país había apelado el fallo que lo obligó a pagar más de 1.400 millones de dólares a cuatro fondos de alto riesgo por manipular datos del INDEC en 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández.
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Los demandantes fundaron su reclamo en la manipulación de las cifras por parte del entonces secretario de Comercio y titular de la Agencia, Guillermo Moreno, para evitar pagos a tenedores de bonos por los llamados “Cupones PBI”.
El juez desestimó la pretensión de los demandantes, quienes sí obtuvieron un fallo favorable en los tribunales británicos. En principio, el Estado argentino evitará el pago de unos 1.400 millones de dólares en esta primera instancia en los tribunales estadounidenses contra la demanda iniciada conjuntamente por los fondos Aurelius Capital, Novoriver, ACP, 683 Capital, WASO y Romano, entre otros.
Argentina había sido condenada en tribunales ingleses por cambios en las estadísticas del INDEC durante la presidencia de CFK. El cambio generó daños a los tenedores de bonos ya que generaron menor rentabilidad a los cupones atados al PBI, emitidos junto con los bonos en la reestructuración de deuda de 2005 y atados al crecimiento de la economía local.
Los cupones de PBI se emitieron en 2005 como parte de la reestructuración de la deuda defaulteada en 2002 y debían pagar rendimientos a los tenedores de bonos cada vez que Argentina lograba un crecimiento de su Producto Bruto del 3,3% anual. Tras su salida, rápidamente se convirtieron en uno de los activos favoritos del mercado local debido al crecimiento a “tasas chinas” que se produjo durante la presidencia de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Kirchner.
En el último trimestre de 2013 se cambió la fórmula de cálculo del PIB y el crecimiento anual de entonces cerró en 3,2%, un 0,1% por debajo del 3,3% que exigía pago. Así, no hubo nuevos desembolsos por este concepto.
Estos pagos no especificados fueron los que generaron el pleito resuelto el año pasado en Londres que sumó 1.440 millones de dólares a la deuda externa nacional. Como consecuencia, el gobierno de Javier Milei Apeló la decisión y para ello la semana pasada constituyó un fideicomiso de USD 337 millones como garantía para continuar el proceso judicial.
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