Él Grupo de Trabajo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió excluir a Argentina del temido “lista gris“de naciones con Fallos en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.. La decisión responde a los esfuerzos realizados por el gobierno en los últimos meses, ya que La evaluación cubre, en su mayor parte, la gestión de Alberto Fernández.

La inclusión en esta lista podría tener un impacto directo y negativo en la economía argentina, afectando el acceso al crédito y generando más obstáculos para las operaciones financieras internacionales. “Si entramos en la lista gris, habrá graves consecuencias“advirtió un experto en lavado de dinero. La evaluación del GAFI considera el cumplimiento de 40 recomendaciones claveentre ellas, las condenas judiciales por lavado de dinero, área en la que Argentina ha mostrado debilidades, aunque las sentencias han aumentado en los últimos años.

La delegación oficial se reunió ayer en París

El proceso de evaluación del GAFI comenzó en septiembre del año pasado después de Dos aplazamientos solicitados por el gobierno de Fernández. En marzo, un equipo del GAFI visitó el país para reunirse con representantes de los tres poderes del Estado y actores del sector privado, con el fin de evaluar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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La delegación argentina en París, que incluyó al Ministro de Justicia Mariano Cneo Libarona y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, se habían mostrado cautelosos al reconocer que se hicieron esfuerzos, pero también advirtieron que la evaluación incluye períodos anteriores a la actual administración. Sin embargo, logré celebrar la decisión que se anunció esta tarde.

Los países de la categoría “gris” se enfrentan mayores costos de financiamiento y dificultades en sus transacciones internacionales, ya que el sistema financiero global tiende a imponer mayores controles a las operaciones de las naciones designadas.

Alberto Fernández había pedido dos veces posponer la evaluación

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