El gobierno de la provincia de La Rioja anunció al mercado financiero que no podría cumplir con sus obligaciones de deuda por un total de 26,2 millones de dólares.
Esta situación se debe, según la provincia, a una combinación de factores que incluyen la alta inflación, la devaluación monetaria y el supuesto retiro de fondos coparticipantes. Como resultado, La Rioja ha expresado su intención de iniciar un proceso de consulta con sus bonistas para renegociar los términos de su deuda.
En un comunicado oficial, el ministro de Hacienda, Jorge Quinteroresaltó el desafíos económicos sin precedentes que enfrenta la provincia. Señaló que la contracción económica nacional, el aumento de la inflación y la depreciación de la moneda han impactado directamente en la economía riojana, lo que ha generado una disminución importante en la recaudación tributaria provincial.
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La provincia, que afrontaba vencimientos por 26,2 millones de dólares inicialmente previstos para el sábado pasado, había emitido deuda pública en forma de bono verde en 2017, por un total de 200 millones de dólares, con una tasa de interés anual del 9,75%.
La incapacidad de cumplir con estas obligaciones financieras representa un desafío importante para el programa económico de La Rioja y, por extensión, para las perspectivas económicas nacionales. La provincia no sólo ha tenido que recurrir a la emisión de una cuasimoneda, sino que también ha incumplido el pago de su deuda pública, amenazando con socavar la confianza en el programa económico del país.
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.
Ante esta crítica situación, el gobierno de La Rioja ha anunciado la contratación de asesores financieros y jurídicos, y ha manifestado su intención de entablar negociaciones con los bonistas con el objetivo de llegar a un acuerdo amistoso y consensuado en el menor tiempo posible.
Además, La Rioja ha presentado una reclamación ante el Corte Suprema de Justicia contra el gobierno nacional, argumentando una deuda total de $302.885 millones. Este reclamo incluye la solicitud de Acción Declaratoria de Certeza sobre la nulidad de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y una medida cautelar por falta de pago de fideicomisos.
En resumen, La Rioja enfrenta una situación económica desafiante que requiere acciones urgentes para abordar sus compromisos financieros y restablecer la confianza tanto a nivel provincial como nacional.
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