El Ministerio de Economía derogó y modificó este miércoles diversas normas, eliminando la necesidad a fabricantes e importadores de textiles, prendas de vestir y calzado. realizar declaraciones juradas sobre la composición de sus productos, procedimiento que generó costos de US$ 5 millones anuales en el sector.
lo hizo a través Resolución 49/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficialque deroga y modifica diversos artículos de las resoluciones 26/1996, 850/1996 y 404/2016 que reglamentaron estas declaraciones juradas.
La medida no sólo abarca el calzado y los textiles acabados, sino también insumos como hilados y tejidos.
De acuerdo con la Ministerio de Comercio con iniciativa de desburocratización simplifica proceso de importación para el sector textil y calzado, aliviando costes para empresas y consumidores.
En 1995 se había establecido que todas las prendas, prendas de vestir y calzado tenían una etiqueta de tela en la que se especificaba el lugar de producción, los nombres del exportador e importador si procedían del extranjero y la composición porcentual de las fibras o materiales.con el objetivo de permitir controles y determinar los responsables legales del cumplimiento de la normativa vigente.
Posteriormente, se implementó una Declaración Jurada de Composición del Producto (DJCP) -válida por 180 días- para sustentar la veracidad de la información proporcionada en la etiqueta como condición previa a la comercialización del producto, en la que también se podrán requerir muestras del producto. mismo.
El objetivo de esto era que los consumidores recibieran información correcta y no se dejaran engañar sobre los materiales de los productos que adquieren.
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“Una medida burocrática”
La resolución elimina la declaración jurada con el objetivo de “simplificar y reducir los trámites administrativos”consiguiendo así “una mayor fluidez y facilidad en las operaciones comerciales”, se señala en los considerandos.
Según el Secretario de Comercio en un comunicado, fue una “medida burocrática” que representó un costo de US$ 5 millones por año para el sector y, sólo en 2023, implicó la realización de un millón de trámites.
Además, destacó la Secretaría, la información que debía presentarse en las declaraciones juradas era redundante porque en las etiquetas ya se detalla la composición porcentual y material de los productos, lo que seguirá siendo un requisito para comercializar textiles.
Las etiquetas ya mostraban de qué estaba hecha cada prenda.
“El régimen era uno más de los controles excesivos que estaban a cargo de la Secretaría de Comercio, que consistía en que las empresas proporcionaran información sobre la composición y origen de cada tipo de producto que se fabrica para repetir lo que ya están declarados. en las etiquetas de cada prenda o calzado”, indicaron.
Un problema de las declaraciones juradas fue que, como resultado de una “ineficaz administración”, los importadores debían completar diferentes declaraciones para prendas idénticas, pero de diferentes tallas, entre otras diferencias menores.
“Con esta iniciativa de desburocratización se simplifica el proceso de importación para el sector textil y del calzado, aliviando los costos de las empresas y de los consumidores que luego compran el producto terminado sin impuestos ocultos”, destacó Comercio.
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Agilizar el comercio
Otro de los puntos polémicos de la DJCP fue que, bajo el requisito “adicional y discrecional” de Comercio, se podría obligar a las empresas a realizar pruebas a sus productos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), trámite que tomó nada menos que de 60 días y eso incrementaba los costos de producción ya que podía costar hasta US$ 100 por prueba.
Las pruebas seguirán estando disponibles como opción para aquellos importadores cuyas mercancías no cuenten con etiqueta e información sobre la composición de los productos.
Los importadores de textiles tendrán una desburocratización del sector.
En la misma línea de la medida, Comercio derogó a finales de enero 69 normas -en su mayoría relacionadas con el programa de Precios Justos, Góndolas y Ley de Abastecimiento- con el objetivo de “reducir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio”. “.
“El significado de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitar que tanto ciudadanos como empresas pierdan tiempo y recursos enviando información que se volvió innecesaria”, había señalado en ese momento el secretario, Pablo Lavigne.
Estas derogaciones fueron fruto de una primera etapa de sondeo, según indicó, a la que luego seguirán otras medidas del mismo orden como la de este miércoles.
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