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VERAZ, datos que tenés que conocer.

La importancia del “derecho al olvido”

Cada día, aumentan en gran proporción las consultas a bases de informes crediticios. Conocé la utilidad del ejercicio del derecho al olvido y cual es la responsabilidad que concierne tanto a los bancos como a las empresas que lucran con tales datos. Y como consecuencia, cada día se incrementa el volumen de los reclamos de consumidores para que sus nombres sean suprimidos de los registros de datos crediticios.

Viéndolo desde un punto de vista,  podría decirse que la inquietud de los usuarios es cada vez más grande para procurar mantener su nombre “libre” de deudas. Esta petición, realizada a través de vías judiciales, tiene como fin devolverlos a la vida económica por medio del crédito.
“Después del 2001, el número de personas que se preocupa por regularizar su situación crediticia va en constante aumento. Luego de obtener esa limpieza, la cuidan hasta el extremo como a su propio documento de identidad, porque el crédito es una herramienta de uso permanente”, explicó Osvaldo Villar, de la Organización Veraz. 

La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales presenta un artículo en el cual se establece que el nombre de una persona “deudora”  debe ser suprimido de las bases de datos crediticios luego de transcurrido un cierto tiempo, cinco años desde la última información adversa en caso de no haber cancelado la totalidad de la deuda o dos años desde que la misma se abonó.
Vale aclarar, el hecho de que hayan pasado los cinco años no significa que la deuda no tenga que ser pagada,  sino que se pretende la mera supresión de los nombres de los deudores.

Aplicado al caso concreto: 
Un cliente presentó quejas porque el banco en donde tenía deuda no notificó a las empresas de informes crediticios, que había transcurrido el tiempo legal suficiente para que la información negativa sobre su persona fuese suprimida de los registros. Alegó que la información difundida estaba desactualizada, contraviniendo el artículo 26, inciso 4, de la Ley 25.326. En la demanda expuso que tal banco entregó los datos al BCRA, quien a su vez le comunica a las empresas de informes crediticios sobre la situación de los deudores. Así, solicitó al banco en el que operaba, que se ordene la supresión de la información privada que envió a las bases de la Central de Deudores del BCRA, a Organización Veraz SA y demás empresas de bases de datos. La jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda y condenó a la entidad bancaria a “realizar las acciones necesarias a su cargo y costo a fin de que se elimine totalmente de la base de datos del BCRA la información relativa a la deuda registrada”. Luego de esto, el cliente interpuso un recurso de aclaratoria ya que no se incluyó en la condena a las firmas Organización Veraz SA, Nosis SA y demás empresas de informes comerciales. El pedido fue denegado, y el reclamante apeló a la Cámara. Los camaristas advirtieron la profesionalidad de la entidad bancaria demandada, y la consideraron como “un comerciante de alto grado de especialización que está obligado a obrar con prudencia y conocimiento de su actividad profesional”;  “su actividad debe ajustarse a un standard de responsabilidad agravada” dijeron, y luego añadieron que el banco “no puede alegar el desconocimiento de errores o defectos, ni escudarse en su falta de intención maliciosa”.

¿Qué es el derecho al olvido?
Pudimos ver en este caso el artículo 26 de la Ley 25.326, cuyo inciso 4 establece que “sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o, de otro modo, extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicho hecho”.

Así fue que se receptó el famoso “derecho al olvido”, estableciendo que el tiempo límite en el tratamiento de la información personal relativos a su situación de “deudor” tiene como plazo máximo los 5 años. Esto tiene el propósito de darle al sujeto, la posibilidad de reinsertarse en la actividad económica, luego de que superó una situación adversa. Y dicen los jueces que “Esta circunstancia resultaría prácticamente imposible si se permitiese que estos datos relevantes se mantengan por un lapso indefinido de tiempo, ya que, como es de público conocimiento, es práctica generalizado que hoy en día, para efectuar cualquier solicitud de índole comercial, previamente, se suele requerir un informe crediticio de la persona en cuestión, obstaculizándose el acceso a financiación o la celebración de contratos en el caso de existir información negativa”.

 

FUENTE: http://www.iprofesional.com/notas/93557-Borrarse-del-Veraz-una-limpieza-que-cada-da-atrae-a-ms-interesados

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